Inicio este primer post post-veraniego con una reflexión sobre la oportunidad que representan los aniversarios históricos para debatir y evaluar la labor legislativa en torno a heridas abiertas en la sociedad y que exigen reparación. Este blog es en sí mismo un buen ejemplo del tema propuesto. Dos de las entradas publicadas en la primera mitad del año, “El mundo conmemora el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau” y “Conmemoración en Mauthausen por el 80 aniversario de su liberación”, fueron escritas precisamente porque en este 2025 se celebran 80 años de la caída del Tercer Reich. Y tanto gobernantes como legisladores parecen decididos a aprovechar la ocasión para hacer memoria.
Así se vio en los eventos organizados con motivo de la liberación de Auschwitz-Birkenau y Mauthausen, celebrados en enero y mayo respectivamente. Ambos actos congregaron a una nutrida representación de líderes mundiales, sabedores todos de la necesidad que existe—en tiempos en los que la polarización y la guerra vuelven a proliferar—de revalidar el compromiso adquirido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial para desterrar la discriminación y el odio. En el caso de España ambos actos supusieron, de hecho, una “primera vez” para el reconocimiento de las víctimas españolas de los crímenes nazis. Y es que hasta Polonia, primero, y Austria, luego, se trasladaron SSMM los Reyes de España Don Felipe y Doña Letizia. En Mauthausen encabezaron la delegación española. Se produjo así una situación inédita; la Jefatura del Estado mostraba su apoyo y reconocimiento a los 9000 republicanos que fueron deportados a campos de concentración nazis, un grupo de víctimas que ha permanecido durante décadas en el olvido.
Si en el plano simbólico y moral, 2025 puede describirse como productivo, el camino avanzado en lo judicial promete ser mayor. Fue con motivo de ese mismo aniversario cuando la unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, presidida por Dolores Delgado, anunció que iniciaba una investigación penal, tal y como puede leerse en la página web Ministerio Fiscal, “para esclarecer las responsabilidades pertinentes y la existencia de una posible estrategia conjunta entre la dictadura española encabezada por Francisco Franco y el Régimen Nazi en la detención y posterior traslado de miles de españoles exiliados en Francia, a diferentes campos de exterminio”. Se desconocen todavía cuáles serán los resultados de esta investigación y en qué medidas legislativas concretas se traducirán los hallazgos al respecto, pero entre los objetivos de la investigación iniciada se encuentra el conocer detalles acerca de los 4.435 fallecidos en la red de campos nazis que permanecen sin identificar. Con ello se pretende contribuir al “esclarecimiento de estas graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, que no se limitan al homicidio y el asesinato sino que incluyen, además, delitos de tortura, detención ilegal y desaparición forzada.
La investigación también explorará el papel del franquismo en estos crímenes, un aspecto que no ha recibido atención jurídica hasta la fecha. Ciertamente, las investigaciones se han limitado a los esfuerzos de familiares y asociaciones de memoria y a estudios realizados en el ámbito académico. Sin embargo, dada la gravedad de los mismos, se trata de hechos que han de judicializarse. Así está previsto en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
Confiemos, pues, en que la oportunidad que brindan los aniversarios permita a estas víctimas, si bien con retraso, recobrar la dignidad que les negó el nazismo y recibir, según determine la Fiscalía, reparación por el papel—ya fuera por actos cometidos de forma activa o por omisión—que ejerció el franquismo en los crímenes.
